Decía que los radares funcionaban al cien por ciento: según el Ejecutivo, hoy solo operan dos de 13

Según ABC Color, Edmundo Novillo, ministro de Defensa entre 2020 y 2025, en el gobierno de Luis Arce, quedó detenido. Salió arrestado después de prestar declaración ante el fiscal que lleva la causa de los radares.

El origen es un contrato de 2016. En agosto de ese año, el Gobierno de Evo Morales firmó con la firma francesa Thales la instalación de 13 radares. El acuerdo comprometió más de 200 millones de dólares, unos 196 millones de euros.

Una auditoría reciente pone números al asunto: el posible daño económico es superior a 1.478 millones de bolivianos, cerca de 126,5 millones de dólares. Es un cálculo de los auditores, no una condena.

El contrato original daba 31 meses para entregar el sistema. Se firmaron siete contratos modificatorios. La demostración final del sistema fue a los 98 meses desde la primera firma, más de ocho años después.

Y el resultado es el que reporta el Ejecutivo: de los 13 radares, dos están en servicio, otros dos no funcionan y nueve tienen observaciones. El proyecto se había pactado llave en mano, es decir, el Estado debía quedarse con un sistema completo, integrado, en funcionamiento y operando.

Queda una pregunta sin responder: por qué un contrato llave en mano necesitó siete ampliaciones y llegó a la prueba final ocho años más tarde.

Hace tres años, Novillo sostenía otra cosa: que el sistema funcionaba al cien por ciento, y anunciaba su uso para pelear contra el narcotráfico.

La causa tampoco es solo suya. Hace dos semanas, el Gobierno de Rodrigo Paz presentó una denuncia penal contra cuatro exministros de Defensa: Novillo, Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López. Les atribuye conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y de contratos, y contratos lesivos al Estado. Los cuatro ocuparon el cargo entre 2016 y 2025, en distintos gobiernos.

Novillo rechaza los cargos. «Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales, consiguientemente me parece injusta la aprehensión», declaró. Añadió que se presentó a declarar de forma voluntaria «por respeto a la justicia».

Ahora la pelota pasa al juez. En las próximas horas el exministro será llevado ante un juez cautelar, que definirá su situación mientras avanza la investigación por el dinero que se puso en los radares.