Sucesos

La comitiva la encabezó la fiscal Claudia Huespe García y del local se incautaron documentos y computadoras. La causa se abrió por denuncias de exalumnos.

La Fiscalía sostiene que el dinero del crimen salió por giros y transferencias, pero en el mismo expediente pidió archivar la causa de dos supuestos financistas.

La familia de Sara Elizabeth Prieto pide a la Fiscalía General revisar al fiscal del caso y exige que la causa no quede impune ni se archive como suicidio.

La auditoría de Concepción halló resoluciones de entrega en papel fechadas cuando ya regía el expediente electrónico y, según la propia auditoría, eso apunta a causas judiciales inventadas.

La Fiscalía y la Policía allanaron una oficina en Aviadores del Chaco y atribuyen a tres firmas el manejo de apuestas en plataformas no autorizadas; la causa se ampliará a lavado de activos y evasión.

El Tribunal consideró comprobado un perjuicio por pagos a Laura Bonet por fiscalización de obras nunca documentadas. La Fiscalía acusó por un monto mayor, pero los jueces rechazaron esos datos.

La Fiscalía allanó su despensa, se llevó las cámaras y no lo encontró: el dueño del local sigue con orden de detención y la víctima registraba órdenes de captura por hurto agravado y coacción sexual y violación.

Cobraba G. 44,9 millones al mes en Petropar y en 29 de los 32 meses sus egresos superaron sus ingresos, según la imputación por presunto enriquecimiento ilícito.

Carlos Manuel González Ramos murió en el Hospital de Traumas de Ciudad del Este; la Fiscalía de turno interviene en el caso y él estaba declarado rebelde en dos causas penales.

Dos muertos, una camioneta incinerada y un alquiler bajo la lupa: la pesquisa ya tiene un nombre y una orden de captura.

Según un artículo de opinión de ABC Color, en la mayoría de los casos de sicariato en Amambay el esclarecimiento es nulo o escaso, y la respuesta del Estado dura lo que dura la cobertura mediática.