70 casos de violencia machista en Bolivia este año; las feministas reclaman presupuesto

La Fiscalía de Bolivia contabiliza 70 casos registrados entre el 1 de enero y el 25 de octubre, según el cuadro estadístico que difundió el Ministerio Público. La Paz concentra 23 de esos casos, Cochabamba 14 feminicidios y Santa Cruz, el departamento más poblado del país, 12.

El caso más reciente se reportó en Santa Cruz: el sábado fue hallado el cuerpo de una mujer en una hacienda del municipio de Warnes, informó la Fiscalía de ese departamento en un comunicado de prensa. La mujer estaba desaparecida desde abril e inicialmente sus familiares pensaron que estaba trabajando en Chile, pero recientemente se enteraron, mediante un audio, que su pareja presuntamente la mató y escondió el cuerpo con ayuda del otro investigado. El hermano de la víctima hizo la denuncia el mismo sábado ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia contra dos personas, entre ellas la pareja de la mujer, un hombre de 40 años.

Los agentes detuvieron al hombre, quien admitió haber "asfixiado a la víctima" y se abrió un caso en su contra por el delito de feminicidio, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López. Un informe forense preliminar confirmó el deceso por "asfixia mecánica por estrangulación, con una data de muerte aproximada de seis meses", según la Fiscalía.

Del 1 de enero al 30 de septiembre, el Ministerio Público registró 32.444 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, vigente en el país desde 2013. De ese total, 23.397 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.

La ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la ley 348.