Denuncian cargos de hasta ₲100 millones: el Senado no explica quién entra

Quince a veinte funcionarios del Congreso dicen que entregan su bonificación a la senadora Zenaida Delgado y que un nombramiento permanente cuesta hasta ₲ 100 millones. Son denunciantes y su versión no está probada: no consta en lo publicado una respuesta de la senadora a esas acusaciones, ni una imputación contra ella por esos hechos. Pero hay una pregunta anterior a la denuncia, que no necesita expediente ni juez y que el Senado puede contestar esta misma semana: con qué criterio entra una persona a su planilla.

La única respuesta institucional es una derivación. La funcionaria que maneja Recursos Humanos del Senado no responde quién entra, con qué requisitos y en qué plazo: deriva el tema al presidente de la Cámara, Basilio Bachi Núñez. Y el dato que surge de ahí es el que más pesa: no existe un cronograma. Una planilla sin cronograma y sin requisitos publicados no se puede auditar con criterio; se audita después, cuando ya hay una denuncia encima. Mientras no haya regla escrita, la única versión que circula es la de quien dice que pagó, y la institución pierde la herramienta más barata que tenía para refutarla.

El costo de esa falta de respuesta ya se está pagando en otra cancha. El fiscal Néstor Coronel investiga a Bachi Núñez por una denuncia que alega bonificaciones de ₲ 21.100.950, cuenta con informes de la Contraloría sobre esos sobresueldos y sigue reuniendo datos sobre unos 300 ingresos al Congreso. Investigar no es condenar: el presidente del Senado tiene derecho a responder y a que se presuma su inocencia. Pero el punto es otro. Esa información no la produjo el Senado: la tuvo que juntar la Fiscalía. Un cuerpo que maneja cientos de nombramientos debería poder decir cuántos hizo, quién firmó cada resolución y en qué fecha, sin que se lo pidan por escrito desde afuera.

El caso Delgado sigue produciendo hechos que no necesitan interpretación. La senadora firmó un compromiso escrito para pagar ₲ 70.110.917 de tres créditos que están a nombre de las dos funcionarias que la denunciaron; ellas seguirían siendo las deudoras formales. Según las denunciantes, esos préstamos se sacaron para conservar el puesto. Puede haber explicaciones legales para ese compromiso —una ayuda, un acuerdo privado, un gesto de solidaridad—, pero ninguna se sostiene sin documentos. Y la pregunta que queda es simple: por qué el pago de los préstamos de sus denunciantes lo termina haciendo la persona denunciada.

El martes el Senado trata su pérdida de investidura. Ahí la institución tiene una herramienta y una fecha. Lo que decide si la usa bien o mal no es la pelea de declaraciones: es si el expediente está sobre la mesa cuando se vota. Si el debate se hace con versiones y sin papeles, la Cámara va a fallar dos veces, una sobre Delgado y otra sobre su propia credibilidad.

Porque el problema de fondo no es una senadora ni un presidente de Cámara: es un método. Esta semana hubo otras dos muestras. La Comisión Bicameral cerró el PGN 2027 con ₲ 185.745,7 millones reasignados, dejó ₲ 3.000 millones al TSJE sin explicar los motivos y volvió a sesionar sobre una adenda de ₲ 398.778 millones con el sonido apagado y los periodistas fuera del recinto. Son decisiones distintas, con responsables distintos, y comparten lo mismo: la plata y el criterio se discuten donde no se escucha.

Hay tres cosas que el Senado puede publicar esta semana y que no dependen de ningún juez: el cronograma de nombramientos con sus requisitos y plazos, el listado de ingresos de los últimos años con el nombre de quién firmó cada resolución, y el criterio con el que se reparten las bonificaciones. Mientras eso no exista, cualquiera puede denunciar cualquier cosa y nadie puede refutarlo con un papel. ¿Va a publicar el Senado ese cronograma, presidente Núñez? ¿Y la senadora Delgado va a explicar por qué firma los préstamos de quienes la denuncian, o va a esperar el voto del martes?