Riera dice que hay presupuesto de sobra; 4.000 órdenes de restricción requieren US$ 3 millones más

Según ABC Color, si un encausado no tiene con qué pagar la tobillera electrónica, hoy la cuenta la cubre el Ministerio del Interior. Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados quiere que esa carga se reparta entre tres instituciones: la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa es de la diputada Alexandra Zena (independiente) y modifica artículos de la ley de tobilleras que ya está vigente. El prorrateo se haría con criterios de la Oficina de Control Interinstitucional y con la coordinación de la Corte. Se aplicaría en dos supuestos: insolvencia acreditada del encausado y medidas urgentes.

El ministro del Interior, Enrique Riera, sostiene que la plata hoy alcanza. Habló de un «temor generalizado» de los operadores de justicia a imponer el uso de tobilleras. Pero el mismo ministro le puso número a otro escenario: si se va a cumplir con las más de 4.000 personas con orden de restricción y alejamiento por violencia, ahí sí haría falta más presupuesto, unos US$ 3 millones más.

El presupuesto que Riera declara suficiente cubre los casos que hoy se atienden. Las más de 4.000 órdenes de restricción ya dictadas son otra cosa, y para eso el propio ministro calcula los US$ 3 millones adicionales.

El feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia dejó ese hueco a la vista. Aldo Alexis Duarte Moreira, presunto feminicida, tenía una orden de restricción de acercamiento y ningún control electrónico.

El proyecto también mete mano en la violencia intrafamiliar. Al artículo 7º le agrega un procedimiento especial de nueve pasos. Y le pone reloj a la respuesta: el SIMDEC, la instancia que resuelve los pedidos del servicio, tendrá un máximo de 48 horas para decidir en casos de violencia familiar.

El texto define quién paga. Hoy el Estado ya se hace cargo cuando el encausado no puede, pero lo hace una sola institución, el Ministerio del Interior. Con el prorrateo, la carga se reparte entre tres.

Nada de esto tiene dictamen. El proyecto de Zena camina en paralelo a las recomendaciones que Riera acercó a los diputados Rocío Vallejo y Jorge Ávalos Mariño en una mesa de trabajo. Dos caminos abiertos y ninguno cerrado, mientras la ley que sigue aplicándose es la misma que mostró sus límites en el caso de Giménez Segovia.