₲14.976 millones en seguro médico para la ANNP: una sola empresa ofertó

Tres adjudicaciones registradas en el portal de Contrataciones Públicas comparten un rasgo que debería preocupar a cualquiera que pague impuestos: la competencia no aparece. En la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) se convocó la «Contratación de seguro médico para funcionarios de la ANNP - plurianual» por Licitación Pública Nacional y se presentó una sola empresa: Protección Médica S.A. (RUC 80007489-0). El monto: ₲ 14.976 millones. El valor estimado consignado en el mismo registro es de ₲ 14.380 millones, de modo que lo adjudicado figura por encima de la referencia. Los datos son los que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) publica con fecha 20 de abril de 2025.

El segundo caso es el Ministerio del Interior. La «Adquisición de insumos para pasaporte y cédula de identidad» terminó adjudicada a Atenas Energía Sociedad Anónima (RUC 80040465-3) por ₲ 25.693 millones, bajo la modalidad que el registro identifica como CE - CVE con difusión previa, es decir, una contratación por excepción y no una licitación abierta. El número de oferentes que consigna el portal es uno. Se trata de los insumos con los que el Estado emite documentos de identidad: un rubro sensible, de demanda permanente y de volumen conocido de antemano.

El tercer registro es el más abultado. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) adjudicó a Laboratorio de Productos Éticos Comercial e Industrial S.A. (RUC 80000146-0) la SBEN N° 36/2025, «Adquisición de pembrolizumab 100 mg para pacientes del INCAN y otros centros dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - plurianual - contrato abierto», por ₲ 135.512 millones, con un valor estimado de ₲ 438.780 millones. Es un medicamento oncológico y el procedimiento fue una subasta a la baja electrónica. En este caso el registro consultado no consigna el número de oferentes: el dato falta, y ese vacío también es un problema de información pública.

Corresponde decirlo con claridad: ninguna de estas tres situaciones es ilegal por sí misma. Un solo oferente puede ser el resultado de un mercado concentrado, de requisitos técnicos exigentes o de la ausencia de interés empresarial, y la ley admite tanto la subasta a la baja como el contrato abierto plurianual y la contratación por excepción con difusión previa. Lo que la ley también exige es que el Estado pueda demostrar, con papeles, que el precio es razonable y que el proceso se difundió como corresponde. Esa demostración es la que el ciudadano no puede verificar hoy con la información disponible.

Ahí está el punto que este diario sostiene: el problema no es solo la falta de competencia, sino la falta de rastro verificable. Si un proceso se publicita, se presentan diez empresas y gana una, el sistema funciona. Si se publicita, se presenta una y el Estado firma por miles de millones, la carga de explicar se traslada al organismo que firma. Y esa explicación debe estar escrita antes del contrato, no después del cuestionamiento.

Las preguntas son concretas y tienen destinatario. A la ANNP: ¿cuántas empresas retiraron el pliego, cómo se fijó el valor estimado de ₲ 14.380 millones y por qué el monto adjudicado lo supera? Al Ministerio del Interior: ¿por qué se recurrió a una modalidad de excepción para insumos de pasaportes y cédulas, y se evaluó una licitación abierta? Al MSPBS: ¿cuántas ofertas se recibieron en la SBEN N° 36/2025 y con qué parámetros se estableció el valor estimado de ₲ 438.780 millones? A la DNCP: ¿qué controles posteriores se aplicaron a estos tres procedimientos? A la Contraloría General de la República: ¿fueron examinados? Y al Congreso: ¿pedirá los expedientes? La ciudadanía financia estos contratos; tiene derecho a leer las respuestas.