Amarilla denuncia 64.000 hectáreas tituladas en dos meses y ocho días

El Senado aprobó una comisión especial transitoria para investigar la titulación de tierras en Boquerón. Detrás de la medida hay una denuncia del senador Lider Amarilla (PLRA): unas 64.000 hectáreas fueron tituladas a favor de terceros en dos meses y ocho días.

Ese plazo es el corazón del caso. Para Amarilla, un volumen semejante de tierras no se puede titular en dos meses y ocho días con los controles que exige el trámite. Su tesis es que el esquema usaba títulos antiguos a los que se modificaron las coordenadas para que figuraran como válidos sobre terrenos del Estado.

El senador apuntó al Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) y al Registro Unificado Nacional (RUN) por la tramitación y la aceptación de esos títulos. También mencionó a personas que habrían solicitado varias propiedades y que tendrían antecedentes o procesos judiciales. Todas son acusaciones de Amarilla y ninguna está probada: la comisión recién empieza.

La comisión tendrá seis miembros titulares, designados por la Presidencia del Senado de acuerdo con las bancadas. El plazo para investigar es de 180 días y se puede prorrogar si el pleno del Senado lo decide. El texto aprobado la faculta a firmar acuerdos de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y le fija dos tareas: determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer las eventuales responsabilidades.

Amarilla pidió además que el Ministerio Público intervenga y abra una investigación penal. Es decir: el caso no queda solo en manos del Senado.

Los senadores Gustavo Leite y Sergio Rojas respaldaron la propuesta y coincidieron en la gravedad de los hechos denunciados.

El antecedente que circuló en el debate: Amarilla presentó datos sobre fincas y padrones en Boquerón, algunos de ellos próximos al Parque Nacional Médanos del Chaco.

Lo que hay por ahora es una denuncia con cifras y un mecanismo bajo sospecha, no una sentencia. La pregunta que la comisión deberá responder es concreta: quién firmó, quién revisó y quién dejó pasar 64.000 hectáreas en dos meses y ocho días sobre tierras que son del Estado, es decir, de todos.