Araico pagaría US$ 48,91 el MWh, menos que los hogares: el contrato no se ha publicado

Según publicó ABC Color, el contrato entre la ANDE y el grupo Kuntur/Araico no se ha publicado. De ese documento dependen un precio de US$ 48,91 por megavatio-hora (MWh, la unidad con la que se cobra la energía) y una potencia de 286 megavatios (MW), equivalente al 5% de la demanda máxima del país, que llega a 5.752 MW.

La discusión técnica se encendió lejos de los despachos. El analista del sector eléctrico Axel Cid Benítez Ayala firmó una réplica de nueve puntos contra el análisis de Fabián Cáceres Cadogan, a quien presenta como un ex alto cargo ejecutivo de la ANDE que hoy modera Foro Republicano. El mismo trabajo sostiene que Cáceres hace sus observaciones «sin haber leído el contrato firmado».

LOS NÚMEROS DE BENÍTEZ. Con el Resumen Estadístico 2021-2025 de la propia ANDE arma el mapa de quién paga qué. En 2025 la estatal vendió 21.919 gigavatios-hora (GWh) y facturó cerca de US$ 1.100 millones, con un promedio de US$ 50,2 por MWh. Los hogares se llevaron el 33,9% de esa energía, pero aportaron el 38,4% del dinero: pagaron US$ 56,9 por MWh. La minería de criptomonedas consumió el 24,9% (5.465 GWh) y cubrió el 23,6% del importe, a US$ 47,6. La industria y la alta tensión, con el 6,4% del consumo, tienen la tarifa más baja: US$ 33,4.

Frente a ese cuadro, los US$ 48,91 de Araico quedan un 10% por encima de lo que paga la criptominería. Benítez rechaza la comparación directa: a la criptominería se le puede cortar hasta el 95% de su consumo durante 300 horas al año, así que no es el mismo producto. «El +10% no prueba que el precio sea bueno, sin otra referencia», escribió.

Tampoco da por buena la referencia de US$ 51,40 por MWh que atribuye al CEARE y que no acepta como dato firme. Y suma lo que, dice, quedó fuera del análisis: la capacidad de la subestación Yguazú, los alimentadores disponibles y el límite que fija que la mitad de la energía de Itaipú y Yacyretá se destine a cierto uso, tope que con el ritmo actual se pasaría en 2027.

EL DEBATE. Para Benítez hay una pelea de fondo mal resuelta: Cáceres reclama costo marginal para las cargas nuevas y al mismo tiempo quiere la tarifa de Itaipú lo más baja posible para 2027. Si esa rebaja se traslada a los grandes consumidores, afirma, «es un subsidio». También objeta que no se haya mirado la revisión que cada dos años se ata al costo medio de generación de la estatal, un costo que, según él, está inflado por gastos sociales y que se traslada al usuario sin preguntar. Y dice que Cáceres se olvidó de la EBY y que su argumento central descansa en el planteo de concursos de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), sin respaldo independiente.

Del otro lado quedan las preguntas que el papel respondería. Cáceres había calificado la tarifa pactada como aparentemente más favorable que la de los decretos anulados. Y es él mismo quien deja abierto lo elemental: si la adjudicación salió por concurso o por negociación directa, y qué penalidades y cláusulas de interrupción incluye el documento. Hasta que ese contrato no se conozca, no se pueden confirmar las condiciones del precio.