Sin quórum para Ueno Bank: 18 de 45 senadores y sueldos de hasta ₲42 millones
La sesión se cayó, los pedidos de informe quedaron sin tratar y la planilla se mantiene. La misma semana, Diputados no votó una pensión de ₲4 millones y la Corte dejó sin fecha un juicio de ₲10.495 millones.
El Senado tenía dos pedidos de informe en carpeta: Ueno Bank y el grupo Vázquez. Se sentaron 18 de 45. Faltaron los 23 votos para sesionar, la sesión se cayó y los pedidos quedaron sin tratar. Los sueldos de los senadores, que van de G. 37,9 a 42 millones, se mantienen. El dato no necesita adjetivos: el órgano que debe controlar no se reunió y la planilla siguió igual. Si la ausencia fue por interna partidaria, por agenda o por cálculo, es algo que esta semana no quedó dicho en ningún lado.
La misma semana, en Diputados, un proyecto de pensión graciable de ₲4 millones para un niño bailarín quedó sin votación porque no hubo quórum. El debate dejó al descubierto con qué criterio se reparten esas ayudas; lo que faltó fue la votación. Y ahí hay una pregunta que el reglamento no responde solo: qué criterio, escrito y verificable, convierte a un caso en merecedor de una pensión graciable y a otro no. Mientras ese criterio no esté sobre la mesa, cada expediente se resuelve por lo que se puede negociar, no por lo que corresponde.
En la Corte, la Sala Constitucional dio trámite a la acción de inconstitucionalidad del exfiscal general Díaz Verón y su esposa y pidió el expediente principal. Eso impide fijar el nuevo juicio oral por ₲10.495 millones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Nadie está condenado: hay una imputación y hay una acción de inconstitucionalidad, que es un derecho de la defensa. Dicho eso, el efecto práctico es concreto: el caso sigue sin fecha.
La Contraloría, por su lado, revisó 35 instituciones y ya tiene 1.090 títulos de funcionarios para aclarar, con 1.082 funcionarios involucrados. Dejó fuera al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Congreso, y estima en 94.000 las personas por investigar. Sobre Hambre Cero, el diputado liberal Aguilera afirmó que "no existe ninguna carpeta fiscal" y calificó al Ministerio Público de "ciego, sordo y mudo". Es la palabra de un legislador, no una pericia, y merece la misma verificación que todo lo demás. Pero marca un patrón: el control avanza sobre una parte del Estado y se detiene justo donde están los que deciden.
Comparemos con lo que sí marcha con cronograma. El TSJE sube su presupuesto para 2027 apenas 2,1%, pero el subsidio a los partidos crece 127,6%: USD 9,6 millones más que en 2026. Hambre Cero reparte US$1.089 millones, de los cuales US$614 millones van a 14 gobernaciones coloradas, con denuncias por politización y despidos en al menos seis departamentos. La plata se transfiere en fecha. Los pedidos de informe, no. Esa asimetría es la que hay que mirar: el Estado no es lento para todo, es lento para rendir cuentas y puntual para pagar.
Las preguntas tienen destinatario y no son retóricas. A los senadores: qué día se tratan los pedidos de informe sobre Ueno Bank y el grupo Vázquez, y qué pasó el día que no hubo quórum. A Diputados: con qué criterio escrito se otorgan las pensiones graciables y por qué el caso de ₲4 millones quedó sin votación mientras los sueldos de G. 37,9 a 42 millones se mantienen. A la Corte: cuándo se fija la fecha del juicio que hoy no tiene. A la Contraloría: cuándo entra al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Congreso, y cómo piensa cubrir 94.000 casos con 35 instituciones revisadas. Ninguna de esas respuestas requiere una ley nueva. Requiere que alguien se siente, sesione y firme.
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