67.000 chalecos que no daban la protección anunciada: Ucrania habría perdido más de 53 millones de euros

Ucrania necesitaba chalecos antibalas con urgencia. La invasión rusa había comenzado el 24 de febrero de 2022 y las Fuerzas Armadas pedían equipo. En marzo, el Estado firmó el contrato: 67.000 chalecos y todo el importe pagado por adelantado al proveedor. El resultado, según Eurojust, la agencia europea que coordina la cooperación judicial entre países, es una pérdida de más de 53 millones de euros para las arcas públicas ucranianas.

El problema no fue el retraso. Fue el material. Un examen independiente concluyó que los chalecos eran de mala calidad y no daban la protección anunciada. Se pagó por adelantado una protección que, según esa pericia, no existía.

La investigación está abierta y tiene dos escenarios: Francia y Ucrania. Eurojust coordinó la cooperación entre ambos países y facilitó las solicitudes de asistencia judicial de las autoridades ucranianas. Agentes ucranianos se desplazaron a Francia para colaborar con sus homólogos e interrogar a sospechosos y testigos. En los registros, las autoridades incautaron una propiedad inmobiliaria y varias cuentas bancarias vinculadas a los presuntamente implicados. Eurojust no precisó el valor de esos bienes ni informó de detenciones.

El foco de la causa está en un antiguo alto cargo del Ministerio de Defensa ucraniano que dirigía el departamento de suministro de material. Según Eurojust, ese exfuncionario presuntamente facilitó la adjudicación del contrato a cambio de una compensación económica de la empresa proveedora. Los investigadores sospechan, además, que usó a una tercera persona para invertir parte del dinero ilícito en inmuebles en Niza.

La secuencia que se investiga es la de una compra hecha en las primeras semanas de la guerra, cuando Ucrania necesitaba reforzar urgente sus equipos: contrato firmado en marzo de 2022, dinero público entregado por adelantado y, según la pericia independiente, material que no cumplía lo prometido en el contrato.

Quedan preguntas sin responder. Eurojust no identifica al exfuncionario investigado, no detalla cuánto dinero se recuperó con las incautaciones y no informa de arrestos. Tampoco precisa cuántas personas están bajo sospecha ni qué empresa fue la proveedora.

Lo que sigue: la investigación continúa abierta y los agentes analizarán las pruebas obtenidas en los registros para determinar las responsabilidades de los implicados. Hasta que eso ocurra, la cifra que ya está sobre la mesa es la que paga el contribuyente ucraniano: más de 53 millones de euros por 67.000 chalecos que, según el examen independiente, no protegían como se anunció.