La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) considera que la emisión de bonos representa una alternativa más viable para atender la deuda del Estado con el sector vialero que el mecanismo de cesión de créditos o factoraje impulsado por el Gobierno.

Así lo señaló Raúl López, miembro titular del directorio del gremio, quien advirtió que las condiciones financieras actualmente planteadas hacen que esta herramienta no resulte atractiva ni para las empresas constructoras ni para el sistema bancario. Según explicó a la 1080 AM, si bien existe voluntad institucional para encontrar una salida a la situación, el factoraje no logró avanzar porque las tasas y los plazos propuestos terminan convirtiendo la operación en un financiamiento comercial que recae nuevamente sobre las empresas.

El esquema obliga a las constructoras a resignar una parte importante del valor de sus certificados de obra para acceder a liquidez inmediata. López detalló que la deuda acumulada con el sector ronda los USD 360 millones, de los cuales aproximadamente USD 250 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, mientras que otros USD 110 millones corresponden a intereses generados por atrasos en las cancelaciones.

Desde la perspectiva de Capaco, el principal problema del factoraje es que el Estado propone cancelar las obligaciones en un plazo cercano a tres años, lo que incrementa significativamente el costo financiero para las empresas. López sostuvo que los descuentos aplicados por las entidades financieras terminan reduciendo de forma considerable los ingresos que deberían percibir las constructoras por trabajos ya ejecutados.

A ello se suma otro factor de riesgo: si el Estado no cumple con el cronograma previsto, las empresas quedan expuestas frente a los bancos. "El empresario termina sosteniendo la deuda", dijo López.

Por este motivo, el gremio plantea avanzar en mecanismos alternativos, entre ellos una eventual emisión de bonos especiales que permita reconocer y cancelar las obligaciones pendientes sin trasladar costos adicionales a las constructoras. La propuesta, indicó López, deberá ser analizada por el Congreso junto con el Poder Ejecutivo.