12 demandas y USD 12,5 millones: SIP alerta por la prensa en Panamá

La SIP presentó en su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, un informe que advierte sobre presiones económicas, judiciales y legislativas contra la prensa en Panamá. La Corporación La Prensa (Corprensa) afronta 12 procesos que representan reclamaciones económicas por aproximadamente 12,5 millones de dólares, según el informe.

En el terreno económico, el documento recoge las denuncias de los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, dos de los medios de mayor circulación nacional y tráfico digital, sobre un supuesto bloqueo del Gobierno central en la asignación de publicidad oficial, recursos que, según sus señalamientos, favorecen a medios con líneas editoriales más afines a la Administración. A ello se suma, según el diagnóstico, las dificultades de algunos medios para acceder a funcionarios de alto rango y las denuncias de que determinados servidores públicos recibieron instrucciones de no hablar con sus periodistas. El informe también registra el progresivo distanciamiento de las conferencias de prensa semanales del presidente José Raúl Mulino, celebradas por última vez el 18 de junio.

En el ámbito legislativo, el documento cuestiona el mantenimiento del artículo 539 dentro del proyecto de reforma al Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional con miras a las elecciones de 2029. La disposición sanciona la denominada "manipulación masiva" en medios digitales con penas de prisión y, según el informe, su redacción ambigua podría dar lugar a interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas y desinformación. También recoge las objeciones de los gremios periodísticos a un proyecto de ley sobre derecho de réplica, que convertiría un principio de ética y autorregulación en un mecanismo sujeto a sanciones judiciales: la iniciativa regresó a primer debate, pero no fue retirada por su proponente.

Otra de las propuestas cuestionadas es el anteproyecto de ley 51, que plantea modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial. El informe reconoce la preocupación por los 'deepfakes' y la suplantación digital, pero advierte sobre el riesgo de que estas normas se utilicen para limitar la crítica y la fiscalización de los funcionarios públicos.

Entre los casos judiciales que detalla el documento figura una demanda civil de 5,5 millones de dólares presentada en 2012 por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. Un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa y condenó al medio a pagar cinco mil dólares por daño moral, decisión que está en apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, según el informe, permanece vigente una demanda civil por calumnia e injuria presentada por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, con una compensación de 2,5 millones de dólares.

El documento menciona además una nueva querella penal presentada por el expresidente Ricardo Martinelli —asilado en Colombia desde mayo de 2025— contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez, acompañada de una reclamación civil de un millón de dólares. A estas se suman demandas de particulares y empresas.