20 obras y US$ 5.000 millones: proponen usar la plata del IPS para financiarlas

Según ABC Color, la plata de las jubilaciones puede terminar pagando rutas. Fabián Ibarburu, gerente general de CAF-AM Uruguay, puso ese camino sobre la mesa en el Foro Cavialpa 2026: si el país ordena una cartera de proyectos y vuelca ahí el ahorro previsional —los aportes de los trabajadores que administra el IPS—, Paraguay podría ejecutar 20 obras por 5.000 millones de dólares con capital privado en la próxima década.

«Si se consolida un pipeline predecible y se canaliza el ahorro previsional, veo a Paraguay ejecutando 20 proyectos por 5.000 millones de dólares financiados con capital privado», afirmó. Pipeline, traducido: un menú de obras ya estudiadas y listas para licitar, para que el inversor sepa qué viene y no improvise.

El punto que toca el bolsillo de cualquier aportante es el otro. El IPS es la caja que guarda y administra los aportes jubilatorios. Ibarburu propuso que esos ahorros de largo plazo sean manejados por gestores profesionales e independientes. Lo que no forma parte del panel es quién toma esa decisión y bajo qué reglas.

El espejo que trajeron es Uruguay. Allí CAF-AM Uruguay maneja cuatro fondos de infraestructura por 1.000 millones de dólares, según su propio gerente general. Y los ahorros para jubilaciones y los seguros de ese país suman 40.000 millones de dólares: de ese total, 9.000 millones ya están colocados en activos privados e infraestructura. CAF-AM integra el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y su negocio es administrar fondos.

El reparto de riesgos fue el eje de Alberto Ñecco, gerente general de CAF-AM Corp. «Toda asociación público-privada requiere una asignación donde la parte mejor preparada asuma cada riesgo. Cuando los riesgos están mal asignados, los contratos no son bancables y fracasa el financiamiento», sostuvo. Para él, lo que destraba la firma de un contrato de concesión —el permiso de cobrar por una obra durante años— es que esas reglas no se muevan.

Alejandro Ruibal, que encabeza la Cámara de la Construcción del Uruguay, planteó dos cambios de fondo. Primero, otro esquema de préstamo: que la obra se pague con lo que ella misma recaude y no con el respaldo de la constructora, el llamado Project Finance. Segundo, un banco o una agencia dedicada a proyectos de infraestructura que dure más que un gobierno, con Reino Unido y Chile como casos de referencia.

Ibarburu sumó dos fórmulas para cubrirse si la demanda queda corta: que el Estado pague solo cuando la obra esté disponible, o que los años de concesión se ajusten si pasa menos tráfico del previsto.

Qué queda. El foro fue una exposición de modelo, no el anuncio de obras ni de montos comprometidos. Los 20 proyectos y los 5.000 millones de dólares siguen siendo una estimación con dos candados: una cartera predecible y el ahorro previsional volcado al sector. Sobre el segundo candado, el panel no dijo quién firma.