Brasil ratifica condena de 30 años a exmilitar uruguayo pese a su Ley de Amnistía
La Corte brasileña ratificó la sentencia italiana y la convirtió en el máximo previsto en Brasil de 30 años, mientras el magistrado sostuvo que la Convención Americana prevalece sobre la amnistía interna.

La Corte Especial del Tribunal Superior de Justicia de Brasil ratificó la condena a 30 años de prisión contra Pedro Antonio Narbondo Mato, de 85 años, militar uruguayo durante la Operación Cóndor. La pena corresponde al máximo previsto en Brasil, ya que el país no contempla la cadena perpetua que le había impuesto en 2021 un tribunal italiano por su participación en los homicidios agravados de cuatro ciudadanos italianos, cometidos en junio de 1976 durante la dictadura militar argentina.
Narbondo nació en Uruguay pero es hijo de madre brasileña, lo que lo convierte en brasileño de nacimiento. La Constitución de Brasil prohíbe extraditar a sus ciudadanos nacidos en el país, por lo que Italia solicitó que cumpliera la condena en territorio brasileño. Narbondo reside actualmente en el municipio de Santana do Livramento, en el estado de Rio Grande do Sul, y la ejecución de la pena comenzará de inmediato.
La defensa del exmilitar había invocado la Ley de Amnistía brasileña, que cubre delitos políticos cometidos entre 1961 y 1979, para intentar evitar que se le exigieran responsabilidades. El magistrado Sebastião Reis Júnior rechazó ese argumento al señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera inadmisibles las disposiciones de amnistía y prescripción cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones y las desapariciones forzadas.
"La Convención Americana, al tener un rango superior al de la Ley de Amnistía, debe prevalecer", afirmó Reis Júnior, según consta en la decisión del tribunal.
La defensa de Narbondo pidió además que se le permita cumplir la condena bajo arresto domiciliario, invocando su avanzada edad y problemas de salud. Esa solicitud todavía no fue resuelta: deberá ser examinada por el tribunal responsable de la ejecución penal.
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