Centros de datos: 0,83 empleos por MW; pymes e industrias, 741
La tarifa de USD 48,9 por MWh queda atada al dólar por 15 años y las organizaciones que la cuestionan advierten que el sobrecosto caerá sobre los usuarios comunes.

La ANDE divulgó el 21 de octubre la Resolución P/N° 52552/2026, que establece una tarifa de USD 48,9 por MWh con un ajuste por devaluación del dólar y una revisión prevista "tan solo si la variación del costo medio de generación de la ANDE en el período de dos años resulte ser superior al 30%". Las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es soberanía/PPP advierten en un documento que, si la estatal se ve obligada a recurrir a una generación más cara por el elevado consumo de las empresas electrointensivas, el sobrecosto lo pagarán los consumidores.
Las organizaciones recordaron los fallidos decretos N° 5306 y N° 5860 del año 2026, que buscaron establecer una política pública sectorial que permita la venta directa del excedente energético en el territorio nacional, con el fin de incentivar la inversión internacional. Ambas propuestas fueron derogadas en junio del 2026, junto con sus complementarios 5307 y 5861 sobre proyectos Power to X.
El punto que las campañas ponen sobre la mesa es el retorno social: sostienen que esos sectores generan apenas 0,83 empleos por MW, frente a las pymes e industrias nacionales que aportan un promedio de 741 empleos por MW, tomando como referencia el caso de Kuntur/Araico, relacionado con la multinacional Crusoe. Con ese argumento cuestionan que se otorguen tarifas preferenciales a actividades con mínimo retorno social.
Según el documento, la tarifa queda fijada en dólares por 15 años, en un marco en que el dólar se va devaluando frente al guaraní: la pérdida de valor de la moneda estadounidense entre 2016 y 2026 fue de 39,6%, equivalente a una tasa anual de 3,1%, por encima del 2,5% que establece la ANDE en su resolución. "En energía, Peña entrega nuestra principal riqueza natural como si nada", señalan en el escrito.
Ricardo Canese, uno de los voceros de la organización, afirmó que "la Resolución 52552 es general" y que, tal como está, cualquier empresa puede solicitar la potencia que desee, con la ANDE decidiendo según su disponibilidad. Sostuvo que Peña ya firmó memorandos de entendimiento con Taiwán y X8-Cloud, por 1.000 MW y 250 MW respectivamente, y alertó: "Al ritmo actual, el Paraguay se quedaría sin excedentes hidroeléctricos en el 2030, o incluso en el 2028 si hay condiciones desfavorables" por el alto crecimiento de la contratación de potencia o la baja hidraulicidad de la cuenca del Paraná.
Heriberto Caballero, referente de la campaña Itaipú también es soberanía, planteó el reclamo en términos sociales: "Nuestro país necesita desarrollo. Tenemos muchos problemas económicos: la gente pasa mal, no hay trabajo de calidad, o al menos no lo suficiente para la juventud que busca empleo. El campesinado pasa mal y no tiene una infraestructura de calidad que llegue a sus comunidades".
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