Cuatro décadas pidiendo juzgados para mujeres: la Corte dictaminó a favor

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió dictamen para la creación de juzgados especializados en violencia de género. La ley que los ponga en marcha todavía no está aprobada: el debate vuelve al Poder Legislativo y de ahí tiene que salir la respuesta que las organizaciones de mujeres esperan desde hace cuatro décadas.

El argumento central es el reloj. Según los impulsores de la propuesta, las horas que siguen a una denuncia son determinantes para resguardar la integridad de la mujer agredida. Hoy esas horas se manejan con los plazos comunes de la justicia, que no son los de una urgencia.

El cuello de botella está en los tribunales. Los juzgados actuales son multifueros, es decir, atienden todo tipo de causas, y están saturados de expedientes por delitos comunes, según los impulsores. Con esa carga, sostienen, los magistrados no pueden dar a las denuncias por violencia la velocidad que necesitan, y las medidas de protección vitales quedan atadas a los tiempos ordinarios.

ABC Color publicó que en una audiencia pública realizada en el Parlamento, referentes de distintos sectores coincidieron en que el Estado tiene que coordinar acciones concretas para frenar la violencia extrema y los feminicidios. El mismo trabajo señala que, sin coordinación entre las instituciones, las víctimas quedan sin respaldo y se repite un círculo de miedo e impunidad. Y suma otro dato: en el interior del país no hay oficinas judiciales cerca, lo que golpea sobre todo a las mujeres del sur y de otras regiones, obligadas a trasladarse lejos para denunciar y seguir el caso.

A la lista los impulsores suman la formación: juzgar con perspectiva de género —dicen— pide saberes técnicos y preparación profesional; un magistrado especializado sabría qué preguntar y cómo usar las herramientas legales nacionales e internacionales.

La espera es larga. El mismo reporte recuerda que las organizaciones vienen empujando propuestas de protección integral desde hace cuatro décadas y que un proyecto anterior quedó rechazado sin argumentación debida ni estudio técnico que lo respalde.

«Si no podemos tener un mecanismo que articule a los tres poderes del Estado para prevenir, sancionar, erradicar la violencia en contra de las mujeres y reparar los daños, entonces nosotros vamos a ir hacia atrás», advirtió María Angélica Cano Radil, del grupo impulsor paridad democrática.

Liliam Soto, activista feminista investigadora del centro de documentación y estudios CDE, lo mira desde otro lugar: «Hoy existe lo que en política pública se llama una ventana de oportunidades, porque con estos feminicidios tan dolorosos, la gente se pregunta qué hacer.»

Las demandas no terminan en los juzgados. Los impulsores piden un sistema único de datos estadísticos confiables, para que una misma víctima no tenga que contar su caso una y otra vez. También advierten que la violencia digital y política frena el liderazgo femenino: si se limita la participación de las mujeres en los espacios de decisión, sostienen, se debilita la calidad democrática.

Ese reporte añade dos pedidos más: fortalecer la educación en igualdad y sostener el respaldo al Ministerio de la Mujer.

Qué falta: que el Parlamento apruebe la ley que crea los juzgados. La CSJ emitió dictamen para la creación de los juzgados.