EEUU restringe visas a 40 bolivianos y la Fiscalía confirma el cese de dos fiscales de esa lista

El fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, confirmó que dos funcionarios del Ministerio Público fueron cesados hace dos días con base en "algunos antecedentes que se tienen en el Ministerio Público", sin dar más precisiones. Se trata de Félix Gerardo Balderas, que era fiscal y antes ocupó la fiscalía departamental de Beni, y de Julio César Porras, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Ambos aparecen en la lista de 40 ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos restringió la concesión de visados, anunciada el jueves.

Urioste sostuvo que los cesados serán sometidos a investigación: "Seguramente van a ser sometidos a una investigación. Estamos viendo, colectando los elementos investigativos que ya teníamos antes y esto (la sanción de EE.UU.) corrobora que estamos en la línea correcta de investigación". El mismo funcionario aclaró que la Fiscalía investigará solo a quienes se les haya encontrado "elementos" en su contra, lo que "no significa que se investigará a todos" los mencionados en el listado.

Entre los 40 sancionados figuran el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024) y Freddy Pereira, antiguo encargado de la lucha contra el narcotráfico. También aparece Armando Rojas, exfiscal coordinador de La Paz, enviado a la cárcel con prisión preventiva hace una semana, acusado de ser el "recaudador" de dinero ilícito del exfiscal general Roger Mariaca.

Mariaca fue destituido y encarcelado a finales de septiembre, acusado por el Gobierno de Rodrigo Paz de liderar presuntamente una organización criminal para proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Su detención se produjo dos días después de que Estados Unidos le revocara el visado, junto con el de otros altos cargos y exfuncionarios de tres países, a los que acusó de corrupción y de socavar gobiernos elegidos democráticamente.

Las restricciones anunciadas forman parte de los compromisos adoptados en septiembre durante una cumbre de seguimiento del denominado Escudo de las Américas. Según el Departamento de Estado, las medidas buscan sancionar a extranjeros que, mediante la corrupción o el narcotráfico, socaven gobiernos democráticos en el continente, independientemente de su afiliación política.