La Universidad Sudamericana pide a la Fiscalía revisar todos los títulos que emitió hasta 2015

La Universidad Sudamericana pidió al Ministerio Público que investigue la totalidad de títulos que expidió desde su creación hasta 2015, el periodo en que su rector era Alejandrino Acuña Vázquez, hoy imputado por presunta falsificación de documentos. La denuncia se presentó luego de conocerse la sentencia de 8 años de cárcel contra el ex senador Hernán Rivas, por un título presumiblemente falso emitido por esa casa de estudios.

El fiscal Julio Ortiz imputó al ex administrador por estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. En la presentación, la universidad sostiene como hipótesis que entre 2009 y 2015 existió "un mecanismo de expedición de títulos sin el trayecto académico". Acuña Vázquez estuvo al frente de la institución entre 2009 y 2015.

Los actuales dueños son José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci, quienes compraron la casa de estudios en octubre de 2015 mediante un contrato con el ex rector Acuña. Sobre ese periodo señalaron: "Nosotros, los nuevos administradores, asumimos de buena fe. Denunciamos como hipótesis que ese desconocimiento (del esquema) pudo ser provocado o mantenido por los anteriores responsables mediante información falsa".

El pedido no se limita a los títulos. La denuncia abarca certificados de estudios, actas de exámenes, registros de matrícula, libros de egreso, firmas, sellos y trámites de registro. "No afirmamos que todos estos instrumentos sean falsos: pedimos individualizar cuáles presentan anomalías y cuál fue la intervención de cada persona", aclararon los administradores.

En paralelo a la causa penal, los dueños presentaron una demanda civil por daños y perjuicios contra el ex rector. Afirman que la compra de la universidad se hizo por G. 450 millones y que ese monto es el principal perjuicio sufrido. Según su versión, "el ocultamiento deliberado de una estructura documental irregular ocasionó a la universidad costos, reclamos, pérdida de valor institucional, reputacional y otros perjuicios patrimoniales cuantificables".

La actual administración también dispuso, al asumir, el cierre de todas las carreras que venía ofertando la universidad, con excepción de Medicina. Lo que queda por determinar es cuántos de los documentos emitidos en esos años presentan anomalías y quién responde por cada uno: la imputación contra Acuña Vázquez es por presunta comisión de los hechos y no constituye una condena.