SIP: 11 departamentos de Nicaragua, 'zonas de silencio informativo'; más de 300 periodistas al exilio

La disminución de las agresiones físicas en la vía pública en Nicaragua no refleja una mejora de las garantías, sino "la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante". Así lo alertó la SIP en un informe aprobado en el marco de su 82 Asamblea Anual, que concluye este domingo en Bogotá.

Según el informe, la SIP citó un estudio de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) que identifica 11 departamentos —el 65% del territorio nacional— como "zonas de silencio informativo", al tiempo que advierte que en el país no se cuenta actualmente con periódicos impresos en circulación. La SIP sostiene que, ante la casi desaparición del periodismo de calle, la presión estatal se desplazó hacia el ámbito digital y hacia mecanismos administrativos y legales.

El documento señala que desde 2018 más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado, mientras que en 2025 al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión debido a la precariedad económica, el desempleo, el cierre de espacios informativos y el riesgo de represión.

En el plano digital y administrativo, la SIP indicó que en abril de 2025 el gobierno, a través de la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), eliminó los dominios .com.ni de medios como La Prensa, Onda Local y 100% Noticias. Un mes después, el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos, alegando incumplimientos técnicos. Entre abril y junio del año pasado, la FLED registró 28 agresiones digitales, incluyendo campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas contra periodistas y sus familias, impulsadas por redes de troles y perfiles afines al oficialismo.

El informe advierte además que el marco legal continúa siendo utilizado como instrumento de intimidación: menciona las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal, que incorporaron conceptos ambiguos vinculados con la "seguridad nacional", la "soberanía" y la "estabilidad del Estado", y una reforma constitucional impulsada en 2026 para elevar a rango constitucional restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como "golpistas" o "traidoras a la patria", calificativos que, según la SIP, han sido utilizados contra periodistas. Añade que el derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los periodistas independientes.

Por otro lado, la FLED documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales. La Policía Nacional y otros agentes estatales son señalados como los principales responsables de estas prácticas, que incluyen seguimiento, restricciones de movilidad, decomiso de dispositivos e interrogatorios, de acuerdo con el informe.